Traduzco de un un ‘long read’ de The Guardian sobre la escasez de vivienda asequible en Londres:
«La crisis financiera del 2008 creó una nueva política relativa al espacio, según la cual se fuerza a la gente con bajo nivel de ingresos a abandonar sus casas subiendo los alquileres, en tanto que se anima a los ricos a usar la propiedad para obtener beneficios […] Esto no es ‘gentrificación’. Es un fenómeno completamente distinto. Se está permitiendo al capital global reconfigure el país.«
Se trata de un fenómeno global, que se ha propagado también a Barcelona. En palabras de una asesora inmobiliaria en La Vanguardia («Calentón inmobiliario«):
«Los tipos de interés están bajos, la bolsa se antoja volátil, la renta fija tiene poca rentabilidad…, así que el dinero se fija en el ladrillo. […] La ciudad está de moda. Muchos extranjeros con poder adquisitivo quieren vivir aquí […] La oferta de pisos de alquiler en Barcelona es muy escasa, y la de pisos públicos aún menos. La demanda sube y los precios también”.
Un razonamiento que puede parecer impecable frase a frase. Pero conduce a una conclusión socialmente inaceptable al justificar implícitamente la lógica especulativa:
«Cada vez es más difícil encontrar fincas interesantes, pero el año pasado nos hicimos con 19. En Barcelona hay unas 35.000 propiedades de un solo dueño: solares, naves industriales, incluso iglesias… y de todas ellas unas 10.000 son edificios residenciales. Ahora, como nosotros, en el ámbito primario, buscadores potentes, operamos unos diez. Y unos 50 fondos de inversión están muy atentos. Se hacen con todo lo que sale al mercado. Nosotros les ofrecemos productos que no están en el mercado”.
La movilización vecinal ya ha empezado, pero no será suficiente. El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado un «Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025«. Pese a sus indudables buenas intenciones, tampoco será suficiente. Según el propio plan,
«Barcelona debería disponer para el año 2027 de un parque mínimo del 15 % de las viviendas principales destinado a políticas sociales, lo que correspondería a cerca de 100.000 viviendas. […] La situación actual con respecto al parque destinado a políticas sociales impide prever que en el escenario de este plan sea posible conseguir este objetivo.»
Porque frente a un déficit que el Ayuntamiento estima en 50.000 viviendas objetivo de políticas sociales, el Plan municipal prevé la promoción de sólo unas 1.000 viviendas anuales.
Se trata de un problema de fondo. Contra lo que proclaman las manifestaciones vecinales, la triste verdad es que Barcelona sí está en venta. Para el capital global flotante, la vivienda no es un derecho social, sino un activo financiero apetecible. Hace falta articular un nuevo contrato social, y éso exige una innovación social radical, diseñada desde una óptica maximalista. Como bien apunta The Guardian, «no es posible contemplar soluciones reales a la crisis de la vivienda sin un profundo cambio estructural en lo económico».
Una transformación estructural con todas sus consecuencias, diría yo, más que sólo un simple cambio. Más fácil de decir que de hacer, ciertamente. Pero habría que intentarlo.
Cito de una lectura de este verano:
